Emerge un creciente consenso sobre la necesidad de armonizar las políticas económicas con las políticas sociales. La política económica siempre debe estar articulada a la política social en un solo proceso integral, incluyente y pro-pobre, buscando generar las oportunidades de empleo y acceso a activos productivos, mercados e información, con el objetivo de producir una verdadera inclusión económica y social de toda la población sin diferencias de género, etnia, edad o territorio.

Esta articulación de las políticas y agendas económicas y sociales debe ser vista como el vehículo que genere un desarrollo social con equidad e incluyente y como el enfoque que active procesos de cambio endógenos y autosostenidos de reducción de la pobreza, entendida como un fenómeno multidimensional y, por tanto, que produzca una ruptura con los mecanismos tradicionales de transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad, promoviendo una modificación profunda a la concepción asistencial del Estado. Los pobres reclaman el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y servicios de calidad, las oportunidades para hacer fructificar sus demandas y capacidades de trabajo, creando así una sociedad más justa y próspera para todas y todos. La promoción social de los pobres es una gran ocasión para el desarrollo moral, cultural y económico de la ciudadanía ecuatoriana.

En esta noción de Desarrollo, el rol del Estado es fundamental en apoyar los procesos de consolidación de ciudadanías activas, reflexivas y solidarias, y en garantizar el ejercicio de los derechos de toda la población a través de la re-distribución de la riqueza nacional, la generación y ampliación de las capacidades y las oportunidades que poseen, así como el cumplir el papel de dinamizador de un verdadero proceso de inclusión económica de la población tradicionalmente excluida y vulnerable en un contexto que respete los mecanismos de mercado. De esta manera, el rol del Estado es el de garantizar los derechos de los ciudadanos de forma tal que estos puedan ejercerlos con los objetivos de mejorar continua y sosteniblemente sus condiciones de vida.

Esta visión contrasta con la dicotomía tradicional entre Estado y Mercado y ubica e instaura un nuevo modelo de Desarrollo a partir del cual las dos instituciones coexisten y trabajan armónica y articuladamente en función de mejorar las condiciones de bienestar de la sociedad en su conjunto y fortalecer la cohesión social.