Durante las décadas de los años 80 y 90, el Ecuador y todos los países asistieron a un proceso de paulatina reforma de funciones y contracción del tamaño del Estado, como ente que organiza y dinamiza el proceso de desarrollo, produciéndose un desmantelamiento de la institucionalidad pública, particularmente de sus arreglos de planificación que tenían como objetivo vincular de manera ordenada los esfuerzos gubernamentales, políticas, planes y programas del Estado que conlleven al desarrollo y la cohesión social y a la consecuente mejora de las condiciones de vida de la población ecuatoriana. El Estado y la economía nacional pasaron por una profunda reestructuración, vertiendo en amplios procesos de desterritorialización del proceso de toma de decisiones.

Frente al debilitamiento del Estado, como forma especifica de organización del poder político, el mercado pasó a convertirse en el principal motor del desarrollo y la modernidad, haciendo del crecimiento económico la variable más relevante. Se esperaba que este crecimiento se derramaría entre la población permitiendo la mejora del bienestar y la reducción de la pobreza. El Estado se vio reducido en su capacidad de responder a las crecientes demandas sociales, mientras se imponía una economía de mercado, basada en la liberalización de precios y en la apertura comercial y financiera. En esta racionalidad, el ser humano aparece reducido al papel de factor de producción, arrojado a una injusta competencia, y no como el sujeto social que representa el principio y el fin del proceso de desarrollo, haciendo de los derechos humanos el centro mismo de la vida social.

Los programas de reformas estructurales y de liberalización económica fueron incapaces de reducir las brechas sociales. Gradualmente fueron implantándose formas desarticuladas de políticas públicas que se tradujeron en ineficiencia institucional, fragmentación de esfuerzos, exclusión social y a un empobrecimiento de la vida en sus diversas dimensiones. En este entorno, el Estado era incapaz de intervenir efectivamente en combatir las fallas de mercado y la inequidad resultante por lo que la política social se orientaba en compensar o mitigar de forma parcial los efectos derivados de la aplicación de políticas económicas restrictivas, en una esquema que no era contracíclico a los vaivenes de los ciclos económicos en el marco de una economía altamente vulnerable.

Tomó cuerpo un Estado con graves falencias representadas en la débil institucionalidad y su baja capacidad de respuesta, un Estado paternalista, asistencialista y clientelar, condicionado por las lógicas del mercado, corporativizado y con bajos niveles de representatividad real de los diferentes grupos de la sociedad civil.

Lo anterior se refleja en la existencia de inequidades en las oportunidades económicas y sociales de la población, la vulnerabilidad y exclusión de amplios sectores, la ruptura de los tejidos sociales, la crisis de la representación política, la alienación de la población y la negación del status de ciudadanos de los individuos y de sus derechos.

Frente a este cuadro de pobreza, exclusión, desigualdad y marginalidad, somos desafiados a construir un nuevo modelo de desarrollo social que proyecte sus acciones hacia el cambio estructural a largo plazo, mediante la construcción de "espacios inclusivos” donde los ciudadanos activos puedan concretar el bienestar, la equidad y la realización de su potencial inherente. Todo ello desde un Estado articulado y dinámico, democrático y responsable, transparente y eficiente, con el centro puesto en la persona, no sólo como individuo aislado, sino como colectivos organizados en torno del concepto de ciudadanía.

Urge trabajar el desarrollo social desde una política integral, intersectorial, que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, económicos, sociales, culturales y la equidad territorial. Todo lo cual implica una redefinición del modelo de desarrollo unidimensional prevaleciente a otro de carácter socioeconómico, incluyente, integrador y equitativo que articule al Estado con el Mercado, al Hombre con la Naturaleza, en función de mejorar la calidad de la vida en la sociedad, de fortalecer la cohesión social y garantizar la subsistencia de las futuras generaciones.

Plan Nacional de Desarrollo Social y Productivo 2007-2015 (figura#1).

La presenta Agenda Social tiene como objetivos: plantear las bases conceptuales del nuevo modelo de Desarrollo Social y establecer las líneas de acción de la política sectorial social y de inclusión económica y productiva en el año, que lleven a implementar un nuevo modelo que, sin descuidar la protección social de los segmentos vulnerables, se afirme y proyecte prioritariamente hacia la generación de oportunidades sociales y económicas y hacia la expansión de capacidades y funcionamientos de las personas como mecanismos por los cuales pueden ejercer sus derechos humanos, económicos, políticos y sociales.

El presente Plan es el producto de un esfuerzo conjunto de reflexión y planificación entre los ministerios del área social y del área económica-productiva, así como con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Específicamente, el presente plan es el primer eslabón dentro de una cadena que tiene como objetivos intermedios dotar al país del Segundo Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio, en mayo del 2007, y construir el Plan Nacional de Gobierno 2007-2010, en julio del 2007. Como objetivo final se busca diseñar el Plan Nacional de Desarrollo Social y Productivo 2007-2015 (figura#1).